El reconocimiento, incluso a nivel internacional, por el trabajo efectuado por la fiscal general, Diana Salazar, no es suficiente. Tampoco el aplauso, el apoyo moral, expresados, en especial en redes sociales, en las cuales también recibe ataques, muchos incluso con manifiestas señales de violencia política y deseos de venganza.
El país debió quedar impávido al conocer su denuncia hecha pública durante una audiencia de vinculación de cargos dentro del caso Metástasis. Reveló un plan para asesinarla, como lo hicieron contra el entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Identificó al grupo criminal contratado para tal efecto; igual, y con nombre y apellidos, al cabecilla del potencial homicidio.
El Gobierno, en otras palabras el Estado, tiene la obligación ineludible de proteger no solo a la fiscal sino a toda su familia.
Esa protección no debe dejar “blancos” o ejecutarla con los mínimos recursos humanos, tecnológicos y de inteligencia, como ocurrió en el caso de Villavicencio.
La Policía capturó al sospechoso citado por la fiscal, si bien por un delito de secuestro en el cual está involucrado. Luego se establecerán las vinculaciones y relaciones dentro de la denuncia hecha por esa autoridad.
Excepto para sus contradictores, entre ellos ciertos políticos; para las organizaciones criminales transnacionales, y quienes han sido procesados y sentenciados por sus investigaciones o son objeto de su impecable mano dura e insobornable, la vida de Diana Salazar no está en peligro, hipócritamente claro está.
Las cosas están claras: el operativo Metástasis, cuya esencia son los “narco-chats”, va descubriendo los rostros de ciertos políticos y de movimientos, de determinados jueces y fiscales; de algunos miembros de la Policía y de otros “personajes menores” utilizados como engranajes, testaferros y cuñas enquistadas en los poderes del Estado para actuar a su favor.
Así, ¿cómo no va a estar riesgo la vida de la fiscal? El Gobierno debe entenderlo así.
Proteger a la fiscal general
El reconocimiento, incluso a nivel internacional, por el trabajo efectuado por la fiscal general, Diana Salazar, no es suficiente. Tampoco el aplauso, el apoyo moral, expresados, en especial en redes sociales, en las cuales también recibe ataques, muchos incluso con manifiestas señales de violencia política y deseos de venganza.
El país debió quedar impávido al conocer su denuncia hecha pública durante una audiencia de vinculación de cargos dentro del caso Metástasis. Reveló un plan para asesinarla, como lo hicieron contra el entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Identificó al grupo criminal contratado para tal efecto; igual, y con nombre y apellidos, al cabecilla del potencial homicidio.
El Gobierno, en otras palabras el Estado, tiene la obligación ineludible de proteger no solo a la fiscal sino a toda su familia.
Esa protección no debe dejar “blancos” o ejecutarla con los mínimos recursos humanos, tecnológicos y de inteligencia, como ocurrió en el caso de Villavicencio.
La Policía capturó al sospechoso citado por la fiscal, si bien por un delito de secuestro en el cual está involucrado. Luego se establecerán las vinculaciones y relaciones dentro de la denuncia hecha por esa autoridad.
Excepto para sus contradictores, entre ellos ciertos políticos; para las organizaciones criminales transnacionales, y quienes han sido procesados y sentenciados por sus investigaciones o son objeto de su impecable mano dura e insobornable, la vida de Diana Salazar no está en peligro, hipócritamente claro está.
Las cosas están claras: el operativo Metástasis, cuya esencia son los “narco-chats”, va descubriendo los rostros de ciertos políticos y de movimientos, de determinados jueces y fiscales; de algunos miembros de la Policía y de otros “personajes menores” utilizados como engranajes, testaferros y cuñas enquistadas en los poderes del Estado para actuar a su favor.
Así, ¿cómo no va a estar riesgo la vida de la fiscal? El Gobierno debe entenderlo así.
