La situación de Jorge Glas se torna embarazosa, increíble además por haber sido uno de los “hombres fuertes” del Gobierno de Rafael Correa, y, por lo tanto, de creerse intocable.
Fue procesado y sentenciado dos veces por corrupción. Ha pagado una parte de las condenas impuestas, pero sin reparar un sólo dólar al Estado tal como lo dispusieron los jueces en sus sentencias.
Contra todo pronóstico, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, dio paso a la petición de Fiscalía y dictó orden de prisión preventiva contra Glas, Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico.
El proceso se relaciona al caso Reconstrucción de Manabí, para cuyo efecto se creó un Comité liderado por Glas y secundado por los otros dos.
Según Fiscalía, se habría cometido peculado al priorizar obras no determinadas para reconstruir esa provincia, devastada por el terremoto en 2016; igual por haber direccionado contratos a favor de la familia de Bernal, entre otros “desvíos” para bien de terceras personas naturales y jurídicas.
Intuyendo este desenlace, Glas fue a la Embajada de México en Ecuador en calidad de huésped. Luego oficializó su petición de asilo.
La estrategia de los defensores del exvicepresidente, inclusive una de tinte política en la Asamblea o la de recusar a Rivera, encaminada revocar la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos, no surtió efecto.
En consecuencia, Glas y Bernal deben ser ubicados por la Policía, aunque el segundo reside en Miami, pero se pidió a Interpol localizarlo. Pablo Ortiz está obligado a presentarse periódicamente ante la CNJ y no podrá salir del país.
Resta conocer la reacción de la Embajada mexicana. Se trata de una situación incómoda por decir lo menos, mucho más si su “huésped” debe ser capturado.
El asilo, pedido por creerse un perseguido político, no aplica para encubrir la corrupción, ni entorpecer la aplicación de la justicia.
