En la búsqueda de un Ecuador más seguro, es crucial abogar por la resolución pacífica de los conflictos vinculados al crimen organizado y al narcoterrorismo. Reconocer la responsabilidad del Estado es el primer paso hacia una solución sostenible. Es imperativo comprender que la pobreza, especialmente entre adolescentes, no debe ser criminalizada.
El Estado debe atender las necesidades de adolescentes vulnerados por la migración, la pobreza, la violencia, las adicciones, ofreciendo oportunidades de educación, empleo digno, pero sobre todo de seguridad y cuidado integral desde que son niños. En lugar de estigmatizar la pobreza, debemos abogar por políticas inclusivas que aborden las raíces del problema y generen un impacto positivo en las comunidades marginadas.
Niños y adolescentes empobrecidos y obligados a sobrevivir solos, encuentran en las pandillas a la familia y el estado protector que no tienen. Luego, como pasó esta semana, se convierten en la carne de cañón del crimen organizado, con una sociedad que clama cabezas cortadas, enfrentaran una condena por terrorismo con 15 años de prisión, en un sistema que no garantiza ni rehabilitación social ni inclusión. Nos espera un futuro muy desolador si este ejercicio de odio, venganza y poder cae con el mayor de los pesos sobre jóvenes vulnerables. (O)
