En estos días la necesidad de la seguridad jurídica se evidencia de manera dramática y que el narcoestado es una realidad que conspira contra el Estado de Derecho. La delincuencia común y el crimen organizado han cometido infracciones fatales, miles de personas han sido asesinadas por los sicarios o sus autores directos. El narcotráfico y las diversas formas delincuenciales cubren los espacios de la crónica roja, lavado de activos, secuestros extorsivos, robo y más, son practicados en todos los ámbitos y algo tan lacerante como es la toma de las cárceles por las mafias, repudiable enajenación territorial, al punto de la necesaria intervención de las FFAA bajo el imperio de la ley para liberar a las mismas de tal delito y recuperar en su plenitud la soberanía del Ecuador.
La Constitución en su artículo 4 inciso segundo prescribe un principio fundamental en medio de todos los enunciados sobre derechos y garantías, conceptuados aún para los sentenciados en firme, pero que resulta ser imposible de soslayar por su pertinencia “… El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión”
Pensemos un minuto en la norma citada y el hecho absurdo de que los recintos carcelarios sean controlados y utilizados por los delincuentes como sus centros de operaciones y, en contra de un mínimo de racionalidad lógica dispongan aún del servicio de internet entre otros, con celulares por medio para ordenar la ejecución delictual, tan absurda agresión al sentido común y a la dignidad y legítimos derechos de los ciudadanos que integran la sociedad civil no puede seguir.
En consecuencia, el gobierno del Ecuador ha procedido con entereza cívica al declarar el estado de excepción mediante los decretos ejecutivos 110 y 111 que ordenan la participación directa de las FFAA para recuperar la plena soberanía del Estado Ecuatoriano. Es su poder y su deber insoslayables. (O)
