Lo que se debe evitar es choques entre la Corte Constitucional (CC) y el presidente Noboa respecto a las preguntas de la Consulta Popular. El primer grupo de 11 preguntas, del cual se retiraría la de los casinos, ha provocado que la jueza sustanciadora de la CC Teresa Nuques pida al presidente cambios, en un afán de agilitar su tratamiento y evitar como dicen muchos juristas que sean negadas, porque son temas ya vigentes en el sistema jurídico o ya están siendo tratadas en la Asamblea Nacional (AN). Pero Noboa ha ratificado las 10 preguntas.
Criterios van y vienen. En aquellos en los cuáles la AN ya está conociendo sus contenidos, sabiendo como administrativa y políticamente funcionan, el presidente tiene temor que se alarguen en las decisiones de cambio. Y él quiere dar una respuesta inmediata con el requerido aval de la ciudadanía.
Luego el ejecutivo añadió 9 temas más al cuestionario, cuya sustanciación corresponderá a la jueza Karla Andrade. Este paquete, tuvo mejor acogida, porque se plantean temas “más estructurales” pero siempre controvertidos, como la extradición, la ley de extinción de dominio, el fin de la minería ilegal, urgentes de resolver. Además de varias enmiendas constitucionales; destaquemos algunas: que el presidente pueda enviar proyectos urgentes (trámite de 30 días) en otras materias y no solamente en lo económico. Propone la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional para resolver las garantías constitucionales, y el tratamiento de acciones como las de protección y habeas corpus, que como sabemos han caído en juzgados multinivel, con algunas decisiones “truchas”, como las concedidas a favor de Glas y otros de la misma ralea. Se plantea además reformar el Código de Trabajo para legalizar el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por “primera vez” entre el trabajador y el empleador, lo cual no es regresiva en derechos, por cuanto está enfocado hacia el futuro.
Entre los sones de la Consulta y la necesidad de su formulación y aplicación, apareció la propuesta del incremento del IVA del 12 al 15 %, tema de extenso debate económico, con posiciones radicales para conseguir ingresos permanentes, o como de aquellos criterios con enfoque temporal. Pero existe un problema más de fondo que es el político. Los del PSC por ser declarados anti-impuestos, no se alinearían a la propuesta del ejecutivo; y los de la Revolución Ciudadana estarían negociando los votos, por prebendas o ayudas, dicen los expertos, como la de conseguir del gobierno el salvoconducto para que Glas pueda ir donde sus “amigos” en México. El país necesita recursos urgentes para financiar a las FFAA y policía en la lucha contra el terrorismo, pero también para sustentar el crecimiento del país. (O)
