Una red de falsificadores opera en Azuay para “ayudar” a sacar del país a los menores de edad, uno de cuyos padres, o ambos, residen fuera de él.
Con esta práctica corrupta pretenden obtener pasaportes, según denunció a El Mercurio el director provincial del Registro Civil, José Pesántez.
Es una de las tantas anomalías producto de la migración irregular. Los falsificadores tendrían todo un aparataje tecnológico como para adulterar los sellos de las embajadas y consulados del Ecuador en los Estados Unidos, incluso de este país, más la complicidad de ciertas notarías nacionales y extranjeras.
Todo eso pretextando la reunificación familiar, humanamente entendible siempre y cuando se la consiga legal y éticamente.
Pero no es así. Los estafadores se valen de esa necesidad para ayudar a burlar la ley. Engañan y hasta comprometen con la cárcel a sus clientes ingenuos o no tan ingenuos, por cuanto saben muy bien sobre el proceso corrupto y sus consecuencias al ser descubiertos.
Según la autoridad, en 2023 se denunció ante Fiscalía ocho casos de falsificaciones cuyos orígenes deben determinarse con las investigaciones. Ojalá, en algún momento, se difundan los resultados y se los judicialice, caso contrario todo quedará en vano.
En estos días, un menor de edad estuvo a punto de ser sacado del Ecuador de no ser por la oportuna intervención de los responsables del Registro Civil del Azuay. Verificado a nivel de Cancillería el supuesto poder suscrito por el padre con el aval del consulado ecuatoriano en EE.UU. se comprobó la falsedad.
De acuerdo a abogados expertos en asuntos migratorios, en varias notarias, en especial de cantones pequeños, se legaliza poderes sin cumplir con todos los trámites a fin de sacar a menores de edad, entre ellos sin contar con la presencia física del padre, aunque conste su firma. ¿Y cómo así?
Como consecuencia de la migración, el destino de la niñez no puede confiarse a estafadores, y en eso los padres son directamente responsables.
