En pleno “estado de guerra interna”, declarado por el Gobierno para enfrentar a los grupos criminales organizados, asesinan a otro fiscal: César Suárez, quien, entre otros casos, investigaba a la esposa de alias “Fito”, fugado de la cárcel quien sabe cuándo.
Quienes imparten justicia o investigan casos ligados al narcotráfico, es decir: jueces y fiscales, están en indefensión, la tienen a medias, o sus peticiones son objeto de análisis para establecer cuan graves son y si lo ameritan.
No es el primero en pagar con su vida por la indefensión; posiblemente tampoco sea el último.
El Estado queda en deuda y no es una deuda cualquiera; pues el dolor abate no solo a la familia de César Suárez, también a la Justicia, pese a sus altibajos y manchas imperdonables, ni se diga a toda la sociedad.
Eso abona más al miedo sentido en el país a raíz de los sucesos ocurridos entre el 9 y el 10 de enero de 2024, muchos años atrás inclusive, y cuyos favorecidos son, precisamente, los grupos criminales.
Pese a los tecnicismos o a razones en cuanto a logística, el Estado, ipso facto debe dar protección policial a aquellas autoridades siempre en riesgo cuando investigan o procesan a narcotraficantes, a sus aliados, a sus familiares, amigotes y testaferros, así incluso no la quieran.
Un Estado carcomido hasta en sus cimientos por el negocio ultra millonario del tráfico de drogas, el más rentable del mundo suele decirse, no puede cometer ese pecado sin nombre: abandonar y abandonarse.
Nada recuperará vida del fiscal acribillado, según la Policía, con armas compradas en Estados Unidos; tampoco haber detenido a dos de los posibles sicarios, haber identificado a otros cuatro sospechosos o tener pistas sobre los autores intelectuales.
Todo el país exige justicia. Este crimen, como muchos otros, no puede quedar impune. Sería el colmo.
Será el mejor tributo para honrar la memoria de César Suárez, por cuya labor siempre estaba en el ojo de los criminales.
