La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado es la prueba más dura que ha vivido el país en los últimos años desde el retorno a la democracia. La represión del delito es uno de los varios pasos a seguir para regresar a la relativa paz en la que vivíamos.
Es imperante la coordinación compartida entre los diferentes actores públicos, privados y de la sociedad civil, porque el problema no es del gobierno, es de toda la sociedad. Se necesita de la gestión pública y de la sociedad organizada y cohesionada, más allá de las ideologías y las clases, nos unimos o nos hundimos. Es una responsabilidad compartida entre el Estado central los Gobiernos Autónomos Descentralizados que han liderado en sus propios territorios.
Necesitamos trabajar en una verdadera gobernanza de la seguridad, como una forma efectiva de ejercer el poder y la autoridad. Para combatir la delincuencia en el Ecuador, algunas de las posibles soluciones incluyen crear oportunidades económicas para los sectores más empobrecidos, reducir la desigualdad social mejorando el acceso a la educación y a la salud gratuita y oportuna, luchar contra la corrupción y fortalecer la independencia judicial.
Esta última es sin duda, una tarea pendiente y urgente, cuando a todas luces hemos visto al sistema judicial coludido con la delincuencia. No es menor la necesidad de depurar las instituciones policiales, protegiendo los derechos humanos de todos. (O)
