De acuerdo con los voceros de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, el recorte presupuestario a las Universidades ecuatorianas (públicas y cofinanciadas) estaría en 77 millones. Si a esto se le añade el ingreso de la universidad Yachay a compartir el presupuesto del FOPEDEUPO, el perjuicio llegaría a 88 millones. Esta reducción de techos presupuestarios debe encender alertas en todos los niveles sociales.
La problemática alrededor de la violencia y la inseguridad tiene que ser abordada desde diferentes aristas y cada una merece la debida atención. Así como es importante la presencia de militares ante el caos carcelario y la posterior recuperación de su control, es indispensable ofrecer alternativas a los jóvenes, particularmente a quienes están en condiciones socioeconómicas menos favorecidas, para que puedan ser actores protagonistas del desarrollo del país. Sin educación las opciones para los jóvenes serán muy limitadas y con la mafia y el narcotráfico ofreciendo alternativas, la “guerra” no convencional planteada por el gobierno no será solución.
Ha sido un clamor de los jóvenes y reiterada oferta de candidatos que el acceso a la universidad sea generalizado. Pero esta promesa requiere presupuesto. La reducción de este, no solo que impide acercarse a una forma de cumplimiento de oferta de campaña, sino que, además, perjudica profundamente el avance de la investigación y la gestión educativa, no se diga el desafío de sostener la calidad académica ante la constante amenaza a la autonomía universitaria.
Al presupuesto de la “guerra” contra el narcoterrorismo, que, en opinión de los asesores de la presidencia, llega a 1200 millones de dólares, súmenle los 88 millones para Educación Superior. No tiene sentido financiar militares en las calles y cárceles, si por el otro lado se perjudica a la academia, que se esfuerza por ofrecer alternativas educativas y profesionales a la juventud.
