Alrededor de 1800 millones de dólares costaría desmantelar el bloque 43-ITT, luego de que un poco más de la mitad de los votantes ecuatorianos, dejándose llevar por la novelería en la consulta popular de agosto de 2023, decidieron que el petróleo se quede bajo tierra.
Dejar de percibir ingresos por cerca de 1200 millones al año, aunque los ambientalistas digan que es menos, el no explotar 54.000 barriles diarios, un poco más del 10 % de la producción petrolera, es una gran pérdida para las arcas fiscales, peor aún en este tiempo de necesidades urgentes para evitar el colapso total de la economía.
El Ejecutivo ha buscado el apoyo de sectores económicos y políticos para financiar parte del inmenso hueco fiscal. Pidió que la Asamblea Nacional (AN) apruebe la subida de 3 puntos en el IVA; la Comisión de Desarrollo Económico con votación dividida, decidió para primer debate, que sea 13 % de manera permanente y 15 % por dos años, pero será el pleno de la AN el que tenga la última palabra. Esta medida no es bien vista por los de RC y PSC; los hermanos siameses, apoyarían la idea del presidente de declarar una moratoria, un alargamiento del plazo más allá del 31 de agosto de 2024 fijado por la Corte Constitucional (CC) para “apagar el bombeo” en la zona del Yasuní.
La duda metódica es saber si la CC, luego de sortear todos los requisitos, autorizará una pregunta para que vía consulta popular se apruebe la moratoria, sabiendo que es debatible tocar el mandato del pueblo de carácter obligatorio e inmediato cumplimiento, pero que en términos jurídicos podría “modularse”. Y ya saltaron Iza y el ambientalista Bermeo amenazando con medidas duras, si se pretende optar por este camino.
Si la salida para capear la crisis generalizada del país es modular la decisión de la consulta de 2023, la economía del país tendría un poco menos de pesares por un tiempo, quizás el necesario para iniciar la re-institucionalidad de un Ecuador sometido, además, a la presencia de un terrorismo brutal que tiene una inmensa cantidad de recursos, aliados políticos, y apoyo de las mafias transnacionales.
Si de eficacia en el manejo de la crisis se trata, respetando la seguridad jurídica, las garantías de los instrumentos jurisdiccionales, que no son meras expresiones formalistas, la voz del pueblo debe prevalecer las veces necesarias porque los tiempos no son iguales. En esta guerra interna contra las mafias que no se dejarán vencer fácilmente, se requiere racionalidad en el manejo de los recursos para garantizar la logística de militares y policías, sin dejar de cubrir los gastos sociales en salud y educación. En la actualidad, trabajar duro para “desmantelar” el 43-ITT sería una locura, porque ningún país en su sano juicio decidiría invertir para seguir perdiendo. (O)
