Desde hacía varias décadas, en el cantón Camilo Ponce Enríquez la espiral de violencia ha crecido de manera alarmante, producto de actividades ligadas a la minería ilegal y del narcotráfico.
Cantón agrícola por excelencia, el descubrimiento de metales como el oro atrajo la atención no sólo de los lugareños, sino de otros lados del país y aun del extranjero.
Forma parte de la memoria colectiva la destrucción medioambiental, siendo los ríos los más afectados por la explotación aurífera a base de mercurio y el desvío de sus cauces naturales.
Devino, entonces, la “fiebre por el oro” y con ello los asentamientos mineros por doquier, la disputa, además del auge delictivo de todo calibre.
No ha faltado robos, asaltos a mano armada, en especial de volquetes con material aurífero, venta de drogas, el contrabando de armas, crímenes horrendos, en estos últimos tiempos a cargo de bandas de sicarios, amenazas a la población, a políticos y líderes sociales. En fin.
Quien sabe desde cuándo, Ponce Enríquez se convirtió en uno de los centros de operaciones narcocriminales de ciertos grupos de delincuencia organizada, declarados por el Gobierno como terroristas y contra quienes dirige una “guerra” sin cuartel, en sintonía con el clamor del popular.
El Ejército y la Policía ejecutaron el plan Fénix 23 en aquel cantón, igual en Pasaje, Machala y Guayaquil.
El arsenal encontrado, más otros elementos con los cuales cometían sus delitos, hablan por sí solos de la peligrosidad de estas bandas criminales, cuyas actividades tenían sometida a la población.
Entre los detenidos constan sus “jefes”, el de los sicarios, considerados por la Policía como “objetivos de alto valor” para ser entregados a la justicia.
Un cantón próspero, rico en recursos naturales, de gente laboriosa, no debe estar a merced de la delincuencia. Ya le ha hecho tanto daño. Es hora de pararla, y es en este momento con la declaratoria de “guerra interna”.
