Por resolución del Ministerio de Educación, desde ayer se reiniciaron las clases presenciales en 3.900 escuelas y colegios del país. La semana anterior lo hicieron en otros 1.080.
El estudiantado volvió a la virtualidad tras los episodios de violencia delictiva suscitados entre el 8 y 9 de enero. El Gobierno se vio obligado a imponer el estado de excepción y de inmediato declaró el conflicto interno armado.
Según especialistas, las clases presenciales permiten a los alumnos interactuar entre ellos y con los profesores de manera directa.
También “les ayuda a desarrollar habilidades sociales y emocionales, como la empatía, la confianza y la resolución de problemas, además de hacerlos sentir valorados”.
En Azuay, 28 instituciones no fueron notificadas para retornar a la presencialidad. Por lo tanto, en ellas siguen las clases virtuales hasta segunda orden.
Eso obedece a asuntos de seguridad, la misma razón por la cual se obvia identificarlas. Igual ocurre con otros planteles en el resto del Ecuador.
Si bien son contundes los golpes dados por el Ejército y la Policía a los grupos criminales, declarados por el Gobierno como terroristas, no hay como confiarse.
La lucha será larga, costosa e impredecible, polémica además; pues, en especial el narcotráfico, poderoso como es y por actuar en las sombras desde varios países, dará guerra al Estado, comenzando, como se ha informado, a reagruparse y a seguir, mientras pueda, asesinando y traficando droga o intentándolo.
Se exige dar seguridad policial a ciertos planteles educativos, sobre todo en la Costa, un requerimiento de alguna manera justificado, como también lo piden los judiciales. Razones no les falta.
El regreso a clases presenciales es un buen síntoma de seguridad. Insistimos, eso no implica bajar la guardia; actuando con serenidad en momentos de alarma, la mayoría de las veces generada por rumores y noticias falsas, tan abundantes en las redes sociales.
