La crisis que vivimos se debe a la anomia que afecta a la sociedad.
Solamente pensemos en la incapacidad de llegar a los necesarios acuerdos para elegir presidente de la Corte Nacional. Siendo la Función Judicial la columna vertebral del estado de derecho y como corresponde a su eminente jerarquía dotada de plena autonomía, únicamente a ella corresponde decidir en materia jurisdiccional y por las atribuciones específicas elegir su presidente.
Desde otro nivel de la gestión pública, encontramos hechos que demuestran el descalabro institucional que abona con creces a la inseguridad jurídica que nos afecta, es así que en la Asamblea se maquinan obscuros juicios políticos de malévola finalidad, entre otros tantos se anuncian los fraguados en contra de los doctores Fausto Murillo Fierro y Diana Salazar Méndez.
En el primer caso, la acción vertical del Vocal y expresidente del Consejo de la Judicatura doctor Murillo, depuró la administración de justicia de los jueces y funcionarios que concedieron garantías jurisdiccionales contra norma expresa, y en el segundo caso la fiscal general del Estado doctora Salazar, desarrolla su acción investigativa para combatir la corrupción de forma eficaz y transparente.
Los dos altos magistrados actúan con honestidad cívica en un medio contaminado hasta la médula por la corrupción al punto que los poderes nefastos, articulan sus instrumentos para sumar los votos necesarios que les destituya. Si tal finalidad se ejecutare el daño sería de graves consecuencias.
Se debe precisar que la Asamblea, de acuerdo a la Constitución tiene la potestad fiscalizadora, y la misma debe ajustarse a los principios rectores del debido proceso. Punto esencial que exige calidad moral como es la probidad a toda prueba, a más de versación jurídica, pero aquí está el problema de un mundo cuajado de corrupción.
Los hechos puntualizados exigen retomar el proceso constituyente que restaure en su plenitud el Estado de Derecho. (O)
