El Gobierno de Perú reafirmará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su respaldo a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de liberar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), informó este lunes 19 de febrero de 2024 el representante peruano ante la OEA, Gustavo Adrianzén.
El funcionario señaló en la emisora RPP que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería peruana trabajan actualmente en la respuesta que, según indicó, se enviará durante la primera semana de marzo, de acuerdo con el plazo señalado por el tribunal internacional.
«Confiamos en que nuestra respuesta sea lo suficientemente contundente como para que la corte entienda las razones de nuestro Tribunal Constitucional, la posición del Estado peruano y con ello sea suficiente», sostuvo.
Adrianzén dijo que si esta respuesta no es satisfactoria para el organismo supranacional, este puede convocar a una audiencia en la que el Estado peruano tendrá que presentarse y sustentar sus argumentos, que consideró que son «sólidos».
«Esa es la posición del Estado hoy, y la que vamos a llevar a defender a San José de Costa Rica», remarcó.
Añadió que si, a pesar de ello, la CorteIDH declara a Perú en desacato con respecto a las sentencias para los casos Barrios Altos y La Cantuta, por los que Fujimori cumplía una condena de 25 años de cárcel, el Estado peruano también tendrá la posibilidad de responder ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Si la corte en este momento podría declararnos en desacato, como se ha denominado, el Estado peruano recibiría ese informe, podríamos tener la posibilidad también de responder a la decisión y explicar las razones por las que esto está sucediendo», acotó.
El representante sostuvo que en este caso se cuestiona el procedimiento seguido y algunas deficiencias en el indulto que se otorgó a Fujimori, así como el recurso de habeas corpus que fue considerado fundado en última instancia por el Tribunal Constitucional, que ordenó la libertad del exmandatario en diciembre pasado.
«No se pueden oponer al indulto en el Sistema Interamericano, el indulto es una facultad presidencial; se está cuestionando, quizá sí, el procedimiento seguido y algunas deficiencias que este pudo tener, pero el indulto como tal es una facultad presidencial que el propio sistema reconoce», reiteró.
Fujimori, de 85 años, dejó en diciembre pasado la prisión de Lima en la que cumplía desde 2009 una condena por delitos de lesa humanidad, en cumplimiento de la resolución del TC que restituyó el indulto que le otorgó en diciembre 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
El expresidente, que vive desde entonces en la casa en Lima de su hija Keiko Fujimori, afirmó la semana pasada que está «alejado de la política» y dedicado a tratar los problemas de salud que lo afectan.
También agradeció «las muestras de saludo» de sus seguidores «de todo Perú» y aseguró que seguirá afrontando los procesos judiciales que aún tiene en marcha, entre ellos por la matanza de seis campesinos, cometida en 1992 por el grupo militar cubierto Colina en la localidad de Pativilca, en el norte de Lima. EFE
