La jugarreta política de un sector de la Asamblea Nacional (AN) está a punto de hacer abortar las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), tan necesarias dentro del convulso ambiente del país en materia de seguridad, entre ellas el endurecimiento de penas para delitos como terrorismo o extorsión.
El afán de cumplir órdenes para satisfacer intereses personales, incluso de prontuariados, conducen a ese extremo.
Se pretendió introducir disposiciones como la de levantar a la Fiscalía la reserva de sus investigaciones – algo propio de regímenes totalitarios –, y nuevas causales para la revisión, por parte de organismos internacionales, de sentencias ya ejecutoriadas en el país.
Nadie pudo destrabar el nudo. Las estrategias legislativas, los arreglos tibios entre ciertos asambleístas, los acomodos y reacomodos tocaron fondo durante el debate, si así se lo puede llamar al efectuado este jueves.
Al no pasar en el Pleno de la AN el texto “adulterado” en la Comisión de Justicia, no podrá volver a ser revisado en esta instancia legislativa como pretendía el sector político, ávido por beneficiarse de su jugarreta política.
Suspendida la sesión por no haber quórum, el archivo del proyecto de reformas parece ser el destino, si bien el presidente de la AN, Henry Kronfle, convocó a los asambleístas para retomarla en un plazo de 60 días.
Para cuando se cumpla ese plazo, los ecuatorianos ya habrán decidido en consulta popular las propuestas del Presidente Noboa, una de las cuales se relaciona con el endurecimiento de penas para determinados delitos, similar a la proyectada en dicha Comisión.
Un escenario complicado. Según Kronfle, de reanudarse la sesión será necesario un acuerdo entre los asambleístas para aprobar las reformas excluyendo las introducidas bajo la mesa, y votar las otras consideradas positivas.
En tal contexto, el archivo asoma como opción, producto de ambiciones de quienes tienen cuentas pendientes con la justicia.
