Por el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, nueve niñas –cuatro de Sucumbíos y cinco de Orellana– presentaron una acción de protección contra el Estado ecuatoriano, para el retiro de los mecheros de los campos petroleros que desprenden peligrosísimos gases contaminantes, causantes de graves y mortales problemas para la salud de las poblaciones aledañas y sus animales a través del aire que respiran, del agua y de los alimentos que consumen. Han pasado ya cuatro años y no solo que las autoridades no han cumplido con esta sentencia –menos con las medidas de reparación integral– sino que ahora, por si fuera poco, las ya jóvenes demandantes han sido víctimas de un cobarde acto de intimidación, luego de presentarse ante la Asamblea Nacional para exigir el cumplimiento del dictamen de la Corte Provincial. La joven activista Leonela Moncayo denunció que un aparato explosivo fue detonado en los exteriores de su domicilio, su vida y la de todas, junto a sus familias es responsabilidad del Estado. Los 442 casos de personas con diagnóstico confirmado de cáncer viven en poblados cercanos a los mecheros. Cuánto tiempo deberían exponerse las autoridades a dióxido y monóxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno, metano, propano, butano y benceno para entender que “no todo en la vida es dinero”, como dice Natali Casigña cuando “le exige al Estado que no se burle de los amazónicos”. (O)
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