La turbulencia política y lo relacionado con la seguridad ciudadana hacen pasar desapercibido varios arbitrajes internacionales cuyas sentencias en última instancia son desfavorables para el Estado ecuatoriano.
Hablamos de miles de millones de dólares a favor de empresas demandantes ante Cortes Internacionales, como consecuencia de decisiones mal tomadas por los respectivos gobiernos, incluso producto de la visceralidad y hasta de cierto chauvinismo.
La proforma presupuestaria para 2024, aún no aprobada, prevé el potencial pago de USD 2.426 millones en arbitrajes internacionales durante este año.
De ese monto, abismal a todas luces, alrededor de USD 2 mil millones sería pagar a la petrolera Chevron.
El país no olvidará el juicio mañoso mediante el cual la administración de Justicia de Sucumbíos ordenó a esa transnacional pagar al Estado ecuatoriano USD 9.500 millones por supuesto daño ambiental en la Amazonía.
Si eso no debe olvidarse, tampoco lo merece todo el teatro propagandístico realizado por el gobernante de la época bajo el slogan de la “mano negra de Chevron”.
No es defender a la petrolera, peor estar a favor de la contaminación ambiental, pero sí recalar en lo pernicioso de la posición a rajatabla, cuando lo correcto era tomar cartas en el asunto tan pronto como se supo del fraude procesal en marcha, un claro ejemplo de corrupción judicial.
La Corte Internacional de la Haya, en última instancia ratificó el fallo a favor de Chevron. Sólo le falta determinar el monto definitivo.
El Estado también ha perdido, en primera instancia, la demanda presentada por la compañía Inter Rao, contratada para instalar equipos en la hidroeléctrica Toachi Pilatón. En 2017, el Gobierno de entonces dio por terminado de manera unilateral el contrato. El procurador general presentó un recurso de nulidad. Aún no hay resolución. ¿Y si se pierde?
Hay más arbitrajes internacionales planteados por empresas en contra del Estado ecuatoriano. Varios cientos de millones de dólares están en juego.
