Andrés Martínez Moscoso
En esta columna, previamente se analizó las 5 preguntas del referéndum, en esta ocasión corresponde estudiar las 6 preguntas de consulta popular, las cuales se identifican como medidas que, en principio colaborarán para el combate a la delincuencia organizada y prometen traer mejores niveles de seguridad, pese a que algunas de ellas se decantan más por el “populismo penal”, en lugar de medidas integrales para enfrentar el problema de la inseguridad.
Si bien es cierto, las actuaciones de las Fuerzas Armadas deberían tomarse de manera excepcional, ha quedado demostrado durante el vigente estado de excepción a consecuencia del “conflicto armado interno” que, la presencia militar es bien vista e incluso apoyada por un amplio espectro de la población.
Por ello, 3 de las 6 preguntas se relacionan con la labor complementaria de las fuerzas de seguridad del Estado. La primera relativa al control de armas, municiones y explosivos por parte de las Fuerzas Armadas en la vía pública, y de manera particular en las “cárceles” del país.
Así como la tipificación del delito de tenencia y porte de armas que son de uso privativo del Ejército y la Policía Nacional, dejando a salvo las permitidas para uso civil. Medida que se centra en atacar a las organizaciones criminales que, según se ha podido observar en los últimos meses tiene arsenal incluso de mayor tecnología que las fuerzas de seguridad del Estado.
Y, por último y de manera complementaria con la pregunta anterior, se consulta acerca de la posibilidad que el armamento que sea incautado a las bandas criminales pueda de manera inmediata entregarse a las fuerzas del orden para el combate de la inseguridad. Situación que en la pregunta 6, se aplicaría de manera similar respecto a todos los bienes de origen ilícito o injustificado. Es decir, que pasen a poder del Estado a través de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
Las preguntas restantes, se centran tanto en el aumento de penas de ciertos delitos: terrorismo, tráfico de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal; así como que, en ciertos delitos el cumplimiento de la pena se cumpla al interior del centro de rehabilitación, sin que se pueda optar por otras medias como régimen semiabierto, entre otros.
En mi opinión, considero que los efectos que ha tenido el vigente estado de excepción, respecto a la presencia de la fuerza pública en las ciudades, sumado al descenso de los índices de criminalidad serán decisivos a la hora de un pronunciamiento a favor de las preguntas de la consulta popular. No obstante, el análisis debería ser más profundo acerca de que si estas medidas son paliativas, atacan directamente al problema o, en su defecto abren las puertas a una presencia permanente de las Fuerzas Armas en las calles del país. (O)
