En el Ecuador, difícilmente se llegará a un punto de encuentro entre un Estado urgido de ingresos económicos, uno de cuyos salvavidas es la explotación de los recursos naturales, y los defensores del medioambiente amparados en la Constitución y en las consecuencias desastrosas causadas en otros países por un extrativismo a ultranza y sin control.
El presidente Daniel Noboa y sus ministros de Energía y Minas, Andrea Arrobo; y de Producción, Sonsoles García, acaban de participar en la Comunidad de Exploración y Desarrollo Minero, efectuada en Canadá.
Fueron para mostrar a las empresas mineras del mundo “las políticas mineras de Ecuador, basadas en el tratamiento social, la sostenibilidad, la innovación a futuro; el manejo responsable de los recursos; y el combate a la minería ilegal”.
En suma, viajaron en pos de inversiones en esa área. Según su lógica, para crear fuentes de trabajo y, de paso, ingresos (regalías) para el Estado. Se habría concretado seis contratos nuevos.
Según analistas, Ecuador es uno de los países con mayor atractivo para los inversionistas mineros, después de Canadá y Australia.
Pero hay problemas de fondo. El Gobierno no es explícito para informar cómo los resolverá.
A saber, el catastro minero está cerrado desde hacía cinco años. En consecuencia, están bloqueadas las puertas para las empresas mineras en busca de concesiones.
Según la Corte Constitucional (CC), el Ejecutivo debe cumplir con una consulta previa y otra ambiental; pero, contradictoriamente, no hay la ley correspondiente, y por ello empresas ya con concesiones están trabadas. ¿La propondrá Daniel Noboa?
Hay, además, grandes proyectos mineros paralizados por decisiones judiciales, avaladas incluso por la CC.
A todo eso se suma la lucha antiminera, mientras persiste la minería ilegal, de la cual pocos hablan; y el Estado, repetimos, vive raquítico económicamente y con múltiples demandas colectivas en salud, seguridad, educación, vialidad, etc.
