El proceso de investigación «Metástasis» evidenció que la delincuencia organizada penetró al menos en media docena de entidades estatales: Corte Nacional de Justicia (CNJ), Consejo de la Judicatura (CJ), Servicio Nacional a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Policía Nacional y Asamblea Nacional, conformando una estructura criminal cuyo objetivo era evadir la justicia, obtener impunidad y libertad para personas sentenciadas.
Esta semana, el caso Purga, derivado de Metástasis, nuevamente confirma cómo la corrupción se genera desde las más altas esferas de la política legislativa, poniendo al servicio del narcotráfico la administración de justicia en la provincia del Guayas, permitiendo la impunidad. Por esta razón, una docena de personas, encabezadas por el ex asambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, la ex presidenta de la Corte de Justicia Fabiola Gallardo, el juez Johan Marfetán y otros 6 jueces más, fueron detenidos como presuntos autores de esta red de delincuencia organizada.
La Dra. Diana Salazar, Fiscal General, explicó que entre los años 2022 y 2023, los hechos más escandalosos y absurdos sobre decisiones judiciales que mantenían asombrada a toda la sociedad ecuatoriana tuvieron lugar en el Guayas. Estos procesos investigativos evidenciaron que no era una casualidad, sino que esta provincia se convirtió en el epicentro de la desnaturalización del derecho y la corrupción.
Para juzgar con corrección y justicia, se esperan varias cualidades de un jurista: imparcialidad, objetividad, honestidad, honradez, inteligencia, conocimientos jurídicos superiores, rectitud y compromiso social. Lamentablemente, no se han visto estos atributos en la mayoría de los jueces de la Corte del Guayas, cuyas sentencias atentan contra el bienestar social y colectivo, contribuyendo en gran medida al grado de violencia e impunidad que vive el país.
El libro del Éxodo, escrito hace 1.400 años a.C., dice: «Y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega incluso a aquellos de vista clara y pervierte las palabras del justo». Este principio sigue teniendo plena vigencia en nuestro país, donde hemos visto una justicia corrompida, vendida al mejor postor e integrada al crimen organizado. (O)
