Las divisiones sobre la política internacional sobre drogas han quedado patentes este jueves 14 de marzo de 2024 con la exigencias de casi 60 estados, en su mayoría de América y Europa, de abandonar el actual enfoque represivo en la estrategia internacional antinarcóticos.
Esta petición se produjo en la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, el máximo órgano internacional sobre políticas de drogas, que este jueves y viernes hace una revisión de la estrategia aprobada en 2019, cuando se cumple la mitad de su década de aplicación.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció en un videomensaje que la actual estrategia contra las drogas «ha fracasado» y que la ONU no puede estar «sorda y ciega» ante la necesidad de un nuevo enfoque que privilegie la salud pública sobre la criminalización.
Las críticas incluso llegaron de Naciones Unidas, con Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, calificando como «ineficaces y contraproducentes» las estrategias punitivas empleadas hasta ahora.
Las políticas de criminalización, incluida la pena de muerte, «no han disminuido el consumo de drogas ni han disuadido la violencia relacionada», indicó Türk.
Vida arruinadas
De hecho – denunció – esta estrategia resultó en «más y más vidas arruinadas no solo por el uso de drogas en sí, sino también por las consecuencias contraproducentes de esas políticas, como la encarcelación masiva, comunidades estigmatizadas, empobrecidas y plagadas de violencia.»
Los países de la Comisión adoptaron en 2019 una declaración que promovía «una sociedad libre del abuso de drogas» y se comprometieron a trabajar para eliminar hasta 2029 el cultivo, producción, tráfico y consumo de estupefacientes.
Alcanzar esos objetivos resulta imposible según los propios datos de la ONU, que subraya que el mercado de las drogas, tanto las tradicionales como las sintéticas, está en máximos históricos, con más consumidores, más estupefacientes y más muertes relacionadas con su uso.
Al inicio de la reunión de este jueves, los Estados de la Comisión adoptaron una declaración política continuista con los objetivos de 2019, basada en un consenso de mínimos debido al rechazo a cualquier reforma de países como Rusia, Irán o las naciones árabes.
Según fuentes diplomáticas, incluso se temió que Rusia pudiese bloquear la declaración por las menciones al respeto a los derechos humanos de los drogodependientes.
La IDCP, una red de casi 200 ONG de derechos humanos que piden una reforma de las políticas antidrogas, denunció que esta declaración no reconoce los fallos del actual sistema, pese a las «cientos de miles de personas que mueren cada año debido a políticas dañinas«.
Respuesta al inmovilismo
Como respuesta a este inmovilismo, un grupo de 59 países, incluidos las principales potencias europeas, EEUU, Canadá, y numerosos países latinoamericanos, como México, Brasil y Colombia, emitieron una declaración alternativa en la que piden dejar el enfoque represivo y abordar el problema como un asunto de salud pública.
«El sistema internacional de control de drogas, tal y como se aplica en la actualidad, necesita un replanteamiento basado en pruebas concretas, para que podamos empezar a avanzar juntos», dijo en el plenario el ministro de Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, al leer la declaración conjunta.
«Dar prioridad a las personas en las respuestas a las drogas forma parte de nuestros esfuerzos más amplios: esto significa dar prioridad a la salud pública, desarrollar iniciativas de prevención, eliminar el estigma asociado a los trastornos por consumo de drogas», dijo el ministro.
Ante la falta de consenso para emprender reformas globales, cada vez son más los Estados que deciden probar soluciones que violan las normas internacionales, como la legalización del consumo de cannabis.
Este camino, que inició Uruguay la década pasada y que también aplican dos decenas de Estados de EEUU, Canadá y que recientemente ha sido aprobado por Alemania, es la muestra más evidente de un consenso internacional roto.
Estas divergencias se producen en un momento de un auge sin precedentes de las drogas sintéticas, como el fentanilo, causante de cientos de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos desde 2019.
La directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Ghada Waly, pidió unidad para abordar una crisis cada vez «más compleja«, y reconoció que las sustancias sintéticas dominan ya los mercados.
Waly destacó que es la demanda la que motiva todo el negocio ilegal de las drogas y la violencia asociada, que tiene un resultado «devastador».
«No hay suficientes policías ni aplicación de la ley que vaya a terminar con el mercado ilícito de drogas mientras haya esta enorme demanda», resumió. EFE
