En estas últimas semanas, tanto el pleno de la Asamblea Nacional (AN) como varias de sus comisiones legislativas llevan adelante acciones artificiosas, en algunos casos sin sintonizar con el sentir ciudadano, en otros sin dar la cara ante decisiones duras o políticamente impopulares, o SE ausentan a propósito para “esconder el bulto”.
Tales procedimientos no escapan al escrutinio público. De allí el desmoronamiento, en picada, de la aprobación ciudadana, en principio positiva.
La aprobación de los primeros proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo le mereció una alta calificación ciudadana, sin importar mucho los entretelones del acuerdo entre el PSC, el correísmo y el Gobierno.
Empero, la pretendida aspiración pro impunidad introducida de manera subrepticia por el movimiento interesado en esta artimaña, marcó el comienzo de la desconfianza popular.
Peor cuando los asambleístas se han enfrascado en una discusión sinuosa, egoísta, respecto de aprobar el respaldo a la fiscal general Diana Salazar por su lucha tenaz en contra de la corrupción enquistada en la Justicia, la Judicatura, la política y al servicio del crimen organizado.
La fiscal tiene amplio respaldo popular. Por tal razón la gente saca conclusiones y desaprueba el dislate de los legisladores, cuyos pretextos y otras motivaciones para distraer el meollo del respaldo caen por su propio peso.
Aquellas no son las únicas “meteduras de pata” de la AN. Su presidente trata de “construir una imagen positiva” tras conocer los resultados de una encuesta: el 64 % de los ecuatorianos desaprueba el trabajo legislativo.
Con ese fin ha contratado una empresa por $ 60 mil para hacer sondeos encaminados a mejorar la imagen.
Si hay legisladores poco preparados, faltones; trabajando en función del interés particular de sus partidos y movimientos, o si estos están salpicados por la corruptela descubierta por la Fiscalía; no coadyuvan para mejorar las condiciones de vida de la gente, ningún placebo ayudará a la pretenciosa aspiración de mejorar la imagen.
