La continuidad de la vigencia del alza del IVA está en manos de la Corte Constitucional (CC).
Hay nueve demandas de inconstitucionalidad a la Ley para Enfrentar el Conflicto Interno. Las plantean desde los sectores productivos, hasta partidos políticos, autocalificados de izquierda, como de organizaciones sociales con diversos membretes.
El incremento del IVA en tres puntos de un solo tajo, surte efectos en la economía popular, habrá menos capacidad de compra, cunde la especulación, pero políticamente resultaría provechoso si la CC lo tira por la borda.
En contravía, el Gobierno ve en el alza la única manera de conseguir recursos ante las grandes necesidades de un Estado, económicamente casi en soletas, urgido por deudas, tanto internas como externas, por el inminente cierre de la explotación petrolera en el Yasuní, y con un déficit fiscal tan grande como grandes son las demandas sociales.
En medio de esa incertidumbre, una misión del FMI visita el país. El Gobierno busca sellar un programa de apoyo con este multilateral; es decir, acceder a más créditos.
Funcionarios del Fondo desde ya alertan: el Régimen debería centrarse “en garantizar la sostenibilidad macroeconómica y fiscal y creas las condiciones para un crecimiento más fuerte e inclusivo”.
Un país, para acceder a créditos debe garantizar cómo los pagará; es más, determinar políticas financieras sostenibles en el tiempo para no seguir endeudándose.
El motivo central para proponer el alza del IVA, aprobado en medio de jugadas políticas en la Asamblea, fue financiar la lucha contra el crimen organizado y rescatar la paz social, para cuyo fin la legislatura propuso, sin tener atribuciones, más sacrificios al sector empresarial.
Un asunto de verdad comprometido, difícil para la CC, como lo sería para el Gobierno si llegare a fallar a favor de los demandantes.
Claro, una cosa es apuntalar la macroeconomía, otra la realidad popular. He allí el dilema. Y sin dinero un Estado no funciona.
