Esta es la décima edición del análisis de las 11 preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2024, que se cumplirá este domingo 21 de abril. Con la pregunta 10 se busca que armas de criminales pasen a policías y militares.
La pregunta 10 dice: ¿Está usted de acuerdo con que las armas… que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas?
En el anexo de esta pregunta consta que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina la pena de comiso a los bienes (armas), cuando estos fueron instrumentos, productos o réditos en la comisión de un delito.
Figura además que el proceso para llegar al comiso hay que hacer una reforma con el objetivo de que se pueda disponer de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios, en tiempos menores.
En este anexo consta asimismo que si es que la población aprueba esta pregunta se deberá remitir un proyecto de ley reformatoria al COIP que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta.
Una vez cumplido esto la Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal, conforme el trámite previsto en la ley de la materia.
Análisis sobre las armas que pasarían a policías y militares
Para Stalin Aguilar, sargento de la Policía Nacional en servicio pasivo y abogado, hay que analizar esta pregunta desde dos ámbitos: uno, desde lo operativo; y otro, desde lo jurídico.
“Por una parte me parece adecuado que esas armas sean para policías y militares, pues las organizaciones delictivas tienen armas sofisticadas y usarlas significaría además un ahorro para el Estado…”, señaló.
Añadió: “por otra parte desde el punto de vista jurídico hay que tomar en cuenta que, si estas armas pasan a manos de la policía o el ejército, pero antes fueron usadas para un crimen, se estaría afectando una evidencia”.
“Se dificultaría en alguna medida hacer ese trabajo objetivo de investigación para determinar, por ejemplo, si un proyectil disparado anteriormente pertenece a un arma de estas…”, afirmó.
Para Aguilar la entrega a militares y policías de las armas de fuego decomisadas debe estar bien reglamentada, además de que se tiene que dejar un registro claro de estas en caso de cualquier investigación.
“Como dije, pueden ser casos muy excepcionales, pero puede haber y no podemos descartar esos casos, y por eso debemos analizar todas las posibilidades antes de iniciar un proceso como estos…”, expresó.
Una consulta que no da solución a los problemas
Carlos Heredia, abogado y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) Núcleo del Azuay, la respuesta a esta pregunta resulta casi obvia.
“La pregunta tiene que ser considerada en el contexto de la consulta, pues así aislada como se presenta es una pregunta de perogrullo, es decir resulta bastante obvia y quién va a decir no…”, dijo.
“La consulta en sí es una perogrullada, todo lo que está en esta consulta podría haberse resuelto por otros medios, por la Asamblea Nacional y no incurrir en lo que se está pretendiendo…”, expresó.
Puntualizó “se está abusando, el gobierno viene argumento una serie de cosas para violentar normas… Está abusando del derecho y haciendo un gasto inmisericorde de los pocos recursos que hay en el país…”. Para Heredia hay que rechazar este plebiscito porque no aporta a solucionar los profundos problemas que tiene el país sino sirve únicamente para réditos políticos con miras a las próximas elecciones.
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