En el marco de la Consulta Popular, 14 organizaciones indígenas, sociales, laborales, feministas, ambientales, entre otras, se unieron para incentivar a la ciudadanía a votar No.
La petición de esta organizaciones es que la ciudadanía vote No en las 11 preguntas de la Consulta Popular y el Referéndum.
Los argumentos de los líderes sociales se basaron en que las preguntas son innecesarias, no proponen cambios sustanciales, vulnerarán los derechos laborales y que beneficiarán a los grandes grupos económicos.
Para Agustín Cachipuendo, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, señaló que el No en la Consulta es una muestra de rechazo al actual Gobierno.
Consideran que Deniel Noboa es “mentiroso”, pues ofreció no subir impuestos y elevó el IVA al 15 %.
“11 veces No a esta Consulta mañosa, que solo le servirá al presidente para su campaña a la reelección», enfatizó.
Argumentos para pedir el voto por el No
Con esos 60 millones de dólares debió atender a la salud, la educación, las vías e incluso la inseguridad, afirmó Cachipuendo.
Según el dirigente indígena, 9 de las 11 preguntas de la Consulta Popular son innecesarias.
Estas eran tramitadas en la Asamblea, mientras que la interrogante que permite la participación de los militares en la seguridad interna, que se ha aplicado en varias ocasiones, no ha solucionado el problema de la inseguridad.
Alex Amesquita, del Observatorio del Trabajo de la Universidad Central, expuso el rechazo a la pregunta que permite la contratación por horas, con lo cual, se formalizaría la precarización laboral.
Según estudios expuestos por Amesquita, quienes trabajan por horas difícilmente completan el salario básico unificado.
Esto no les alcanza para tener una vida digna; esta modalidad laboral se aplica en su mayoría en mujeres y poblaciones indígenas.
Arbitraje internacional en la Consulta
Por su parte, Pablo Fajardo, representante de los afectados por Chevron – Texaco, advirtió sobre la pregunta que permite el retorno del arbitraje internacional en materia comercial.
Según él, esto dejaría la puerta abierta para que el Gobierno le pague a la transnacional el laudo arbitral que le ganó al país.
“Se busca favorecer a empresas norteamericanas, exponiendo al Estado a los arbitrajes internacionales«, agregó.
«De cada 10 arbitrajes, 7 pierde el Estado y los 3 llega a acuerdos, pero en todos tiene que pagarle”, afirmó Fajardo. (I)
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