Un total de 5.338 presos sin sentencia firme de Ecuador fueron los primeros en votar en el referéndum y consulta popular.
El proceso electoral se desarrolló la mañana de este jueves 18 de abril de 2024.
En Ecuador la población penitenciaria vota de manera anticipada dentro de las mismas cárceles, tres días antes de que lo haga de manera general el resto del país.
Los empadronados suponen el 16,2 % de las más de 32.70 personas que se encuentran privadas de la libertad en 35 cárceles que componen el sistema nacional penitenciario de Ecuador.
La votación de presos se realiza en 20 de las 24 provincias del país donde se instalaron 61 mesas de votación, en un trabajo coordinado entre el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y el Registro Civil.
Preguntas que les interesan a los ppls
En esta ocasión, los presos votarán por cuestiones que les atañen directamente a ellos, pues una de las once preguntas del plebiscito se refiere a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas estén a cargo de los accesos a las prisiones.
Con esta cuestión el Gobierno busca ejercer un mayor control del ingreso a las cárceles y evitar que las bandas criminales que hasta hace unos meses dominaban interiormente las prisiones vuelvan a introducir armas, luego de que se les hayan requisado dentro de los centros carcelarios grandes arsenales de armas de fuego, armas blancas y explosivos.
Hasta la primera semana de abril, mientras duró el estado de excepción decretado por Noboa para combatir a las bandas del crimen organizado, las Fuerzas Armadas permanecieron dentro de las prisiones para quitarle el control de las cárceles a estos grupos.
El poder que ejercían estas bandas criminales dentro de las cárceles llevó a que más de 500 presos hayan sido asesinados desde 2020 dentro de las prisiones, la mayoría en una serie de masacres carcelarias entre grupos rivales.
El plebiscito convocado por Noboa también plantea elevar las penas para los delitos ligados con la actividad del crimen organizado transnacional y eliminar los beneficios penitenciarios para los condenados por delitos de esta índole, de manera que cumplan enteramente su condena dentro de prisión.
Asimismo, plantea que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía de manera permanente en las operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de expedir estados de excepción para ello.
