Con seguridad, la propuesta hecha por el presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, para paliar en algo la aguda crisis financiera del Instituto , moverá, una vez más, el “avispero” entre afiliados, jubilados, políticos y analistas.
Parte de la reforma legal a presentarse dentro de cuatro o cinco meses es otorgar incentivos a quienes decidan jubilarse “mas tarde” a cambio de recibir una mayor pensión.
En el esquema actual, para acogerse a ese derecho deben cumplir con 60 años de edad y 360 aportes o 30 años de aportes.
Desde hacía mucho tiempo se habla de aumentar los años para jubilarse; igual la de incrementar los aportes.
Su sólo anuncio dio lugar a una andanada de críticas, de amenazas de paro, las más, movidas por el sesgo político y la renuencia a aceptar la caótica realidad financiera del IESS, cuyos estudios actuariales apuntan a un colapso, en especial del Fondo de Pensiones.
Algo similar podría ocurrir con la propuesta de Eduardo Peña. Ya no sería, digámoslo así, una prórroga “a secas”, “sin nada a cambio”, sino bajo la fórmula de mientras más tarde lo haga, mayor será la pensión.
Ojalá todo el plan de reforma sea correctamente informado, asimilado en su real dimensión por quienes hacen el IESS, urgido de cambios estructurales, amenazado por una iliquidez trepidante.
Los aportes, tal como está la situación, para nada son suficientes a fin de pagar a los jubilados. Desde 2014 este problema se profundiza cada vez.
Bien lo saben las autoridades del IESS, los afiliados y los pensionistas: cada día hay más jubilados, pero cada día son menos los aportantes; por lo tanto, la ecuación no permite el balance.
Para muchos cortos de perspectiva, todo se resuelve con el pago de la deuda al IESS por parte del Estado. Esto es, apenas, una parte de la problemática en su conjunto.
Conviene, entonces, enfrentarla con todas las herramientas posibles, pero también con mente abierta y apalancados en la realidad.