Este martes 14 de mayo se cumple el primer año de administración de alcaldes, prefectos y miembros de las juntas parroquiales rurales.
A casi todos ellos les habrá sorprendido la realidad, un poco menos a los reelegidos.
Según informaciones difundidas durante este año, más allá de ser un lapso para el aprendizaje, la situación no les luce bien pintada.
Claro, sobre cuanto hagan, no hagan o dejen hacer para no meterse en problemas a fin de no socavar el capital político, más se conoce sobre los alcaldes de las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca; y de prefectos del Guayas, Pichincha y Azuay.
Los de la “periferia”; los de fuera de ella como serían los del resto de cantones, viven sus propios vaivenes, muchos, a lo mejor, únicamente firmando roles de pago, sin mayores perspectivas a causa de escasos presupuestos, llenos de deudas, sin mayor chance de acceder a créditos.
Una cosa son los planes de trabajo, esos armatostes de papeles entregados al CNE para inscribir las candidaturas, muchos de ellos copiados; otra muy diferente es haber llegado al sillón de alcaldía y prefecturas y estar como perdidos, únicamente esperando las transferencias del Gobierno, eso también atrasadas y ya gastadas, incluso en dar farra y circo al pueblo.
Una cosa es el palabreo en la campaña electoral; otra, distinta, la de toparse con un camino a cuestas, en cuyo recorrido no sirven quejas ni inculpaciones; sí, a lo mejor, a solas darse cuenta de no haber estado preparado para el reto.
En este primero año, no les ha faltado la crítica de sus mandantes; la originada en el seno de los propios Concejos Cantonales y Cámaras Provinciales, si bien estas últimas casi nunca se convocan; también la de sus antecesores, y en algunos casos ya se habla de dar inicio a procesos de remoción.
Ya saldrán a rendir cuentas, cuando debe ser al revés: pedirles cuentas. Les quedan tres años, un lapso suficiente para tratar de despegar.
