El título de este artículo es una forma de referirme a la conciencia moral de las sociedades y de la persona humana como sede de la razón crítica que ilumina sus decisiones y los actos tanto en las relaciones interpersonales como en el ejercicio de las funciones públicas que le han sido confiadas.
Debemos tener presente que, si bien la Ley es la norma positiva de regulación de las responsabilidades asumidas, la moral nos advierte de su calidad como principio valorativo de su licitud o ilicitud.
Una de las condiciones básicas de todo contrato y de especial cuidado al tratarse de la administración del Estado es la buena fe con que se debe actuar en todos los actos que ejecutan los servidores públicos, desde la primera autoridad hasta los integrantes de la base del triángulo del poder.
En este contexto no se debe abusar de la confianza ciudadana que hace posible la paz y la armonía de las relaciones sociales.
Hace pocos días las denuncias de las actividades inmobiliarias de la empresa Vinazin en una extensión de 2.2 hectáreas de manglares en Olón fue objeto de la denuncia de organismos ambientalistas porque la ejecución del proyecto afectaría una zona protegida. La responsabilidad lesiva a este bien jurídico implicaría a funcionarios públicos que colaboran en la gestión de la empresa en su calidad profesional.
Evidente es que al desempeñar funciones públicas los intereses privados no deben interferir. Así de claro, el poder político se concibe como el honesto y eficaz servicio al bien común.
Lo legal tiene su procedimiento a ser respetado por todos. Mientras tanto en buen romance ya se ha afectado la confianza del amplio sector ciudadano que espera una administración pulcra y eficaz del Gobierno de Daniel Noboa habida cuenta que en nuestra realidad los responsables del crimen organizado con cinismo execrable se rasgan las vestiduras, ante ello, la coherencia ética exige la depuración institucional del sistema. (O)
