Sígsig es otro de los cantones azuayos afectados por la minería ilegal. Su acción atenta contra la calidad del agua, al curso normal de los ríos y al ecosistema en general. De paso, acarrea problemas sociales por la concurrencia de la delincuencia organizada.
El problema no es de hoy. Al contrario se profundiza, si bien cada cierto tiempo, operativos militares encabezados por la Fiscalía permitieron destruir campamentos mineros ilegales, pero no detener a nadie, por cuanto, al parecer, tienen “campaneros”.
La propia Dirección Zonal 6 del Ministerio del Ambiente lo reconoce: a lo largo del río Ayllón, afluente del Santa Bárbara, se concesionaron 21 áreas para la pequeña minería y la minería artesanal. Únicamente cinco obtuvieron el registro ambiental. Por lo tanto están regularizadas.
En el país habría una especie de festín de concesiones mineras. Las comunidades comprometidas dentro del área otorgada se enteran tarde, esto es cuando, a veces de forma subrepticia, comienza la fase exploratoria o de sopetón dan inicio a la explotación, pasando por alto las consultas previas determinadas en la ley.
Si eso es grave, mucho más lo es no poder controlar. Y lo dice la propia autoridad ambiental, aduciendo el difícil acceso a la zona y el alto grado de conflictividad.
El alcalde de Sígsig, David Duchitanga, encabeza acciones para frenar a la minería ilegal, entre ellas once operativos con apoyo del GAD Provincial. Por hacerlo ha sido amenazado. También algunos líderes comunitarios.
Además, muestras de agua tomadas en diez puntos donde nace el río Santa Bárbara, igual del suelo, confirman las sospechas: no es apta para la vida acuática y silvestre; y en dos zonas, tampoco para actividades recreativas por encontrarse materiales como plomo y mercurio.
Si esto no moviliza a las “autoridades de arriba”, en nadie se puede confiar. Está pendiente una acción de protección planteada por el municipio sigseño. Ojalá las prórrogas de la audiencia no se conviertan en regla general.
