La respuesta de la Procuraduría General del Estado (PGE) constituye una noticia refrescante dentro del contexto político electoral del Ecuador.
Ante la consulta hecha por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), este organismo ha sido autorizado para unificar los dos procesos de renovación de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) en uno solo.
En noviembre de 2021 debió cambiarse, previo sorteo, a dos vocales del CNE. Esto nunca ocurrió por varias causas. Una, el interés, si bien no manifiesto, de ciertos sectores políticos para controlar el organismo electoral. Dos, las acciones judiciales planteadas desde todo lado.
Desde entonces constituyó práctica común las constantes prórrogas de funciones autorizadas por la PGE, ya no sólo de dos sino de los otros tres vocales “hasta no ser legalmente reemplazados”.
Con la resolución de la Procuraduría viene el reto para el Cpccs. Y no es cualquier reto; pues estamos en un año electoral cuya calendarización ha sido determinada.
A simple vista no habría mayor problema para el Cpccs llevar adelante el concurso público; y en noviembre próximo tener los nuevos vocales del CNE, listos para tomar la posta del proceso electoral en marcha.
Sin embargo, en el país de los “peros” todo puede pasar. Históricamente el organismo electoral, como la Justicia, la Contraloría, varias Superintendencias de control, el mismo Cpccs, es codiciado por los sectores políticos hegemónicos. Los motivos todo el país los sabe.
Ahora mismo, el primer pero está ahí: la renovación parcial estuvo bien avanzada. Hay candidatos ya calificados, listos para enfrentarse en la fase de oposición. ¿Este proceso debe suspenderse?
Es el primer escollo a resolver, cuanto más pronto, mejor.
Pero bueno, es obligación cívica y moral del Cpccs llevar adelante un concurso transparente, único camino para devolverle la fe al CNE. El actual ha sido cuestionado y, hasta cierto punto, resulta cansino.
