El embarazo de la fiscal general Diana Salazar llevó Consejo de Administración Legislativa a suspender el juicio político en su contra, paradójicamente con la abstención de dos asambleístas mujeres.
Eso trajo consigo comentarios a favor y en contra. Entre estos últimos, las suspicacias de varios analistas ligados al movimiento político, ni se diga las de sus miembros, cuya única agenda ha sido tumbarla, acudiendo incluso a mecanismos perversos.
El embarazo fue a propósito. Sólo les ha faltado decir esto públicamente.
Con el paso del tiempo bajará la temperatura sobre esta discusión.
Empero, pocos atisban el próximo escenario para la fiscalía general. Dentro de un año, Diana Salazar dejará el Ministerio Público y volverá a su “vida normal”, no por ello exenta de peligro.
Al contrario, se tornará más vulnerable cuando la protección del Estado sea mínima o ninguna. Las bandas del crimen organizado y su brazo político, claramente identificado, pretenderán “pasarle cuentas”. Nunca le perdonarán haberlos signado con nombres como “Metástasis”, “Purga”, “Plaga”, entre otros, y de tenerlos investigados, procesados, presos prófugos.
Pero hay otro asunto más delicado todavía, y por el cual los ecuatorianos deben poner su máxima atención.
En los próximos meses, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social activará el concurso público para nombrar al sucesor de Salazar.
No será un concurso más. Podría constituirse en el más tormentoso. Decir el más disputado sería poca cosa, comenzando por la poca credibilidad del Cpccs, cuyo control se disputan ciertos sectores políticos, entre ellos los ávidos por impunidad.
Esos y otros sectores promoverán, de manera camuflada, a sus propios candidatos, como lo han hecho para captar representación en otras instituciones claves.
Se necesitará una gran cruzada nacional para vigilar tan delicada designación, comenzado por ver quiénes serán los escogidos para la Comisión de Selección.
