Si se propusiera una consulta popular preguntando a la ciudadanía la opinión que tienen sobre la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), de seguro sería calificada como la institución más corrupta y despreciable del país.
Y este problema tiene décadas, desde cuando se llamaba Comisión de Tránsito de Guayaquil, cuando quienes viajábamos a la costa prácticamente éramos asaltados por estos malhechores de carreteras.
Fue en una de aquellas decisiones “magistrales” del correísmo a través de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) de marzo de 2011 que estos pelafustanes se tomaron gran parte de la red vial del Ecuador. Y con esto el chantaje, la amenaza, el inventar infracciones se convirtió en la continuación del modus operandi de llegar a humillar de manera “culta” a conductores de transporte público, y privado.
De un presupuesto cercano a 124 millones de dólares (2023), el 84 % corresponde al gasto corriente dentro del cual están los sueldos, viáticos y movilizaciones, porque como ustedes han notado quienes “vigilan” las carreteras de la provincia del Azuay, por ejemplo, son todos de la costa.
Cada día hay denuncias en contra de malos funcionarios. Hay zonas que son muy apetecidas como las carreteras a Paute y Gualaceo, la zona de Tamarindo, la entrada a Cuenca desde el Cajas hacia la parte baja por las Dos Chorreras. Y por la troncal de la costa, desde la salida de Guayaquil hasta Sto. Domingo de los Tsáchillas.
El comentario general es que muy pocos de estos malos funcionarios han sido sancionados por la justicia ordinaria; a una buena cantidad de oficiales se les ha abierto sumarios administrativos, sin quedar en nada.
De la revisión del Plan Estratégico 2022-2025 de la CTE se deduce que entre 2017 y 2019, en la red vial de su competencia, los siniestros crecieron en un 5 %, y fallecidos y heridos un 19%, teniendo un decrecimiento en 2020 y 2021 como producto de la pandemia del COVID 19.
Una primera deducción refuerza la tesis de que el control es ineficaz, por lo cual a aquellos conductores que no cumplen con la ley o tienen infracciones notorias, se les permite seguir en las rutas luego del pago del correspondiente “impuesto” en las carreteras, como popularmente se ha bautizado a esta práctica nociva.
Adicional a lo descrito, el problema del chantaje a quienes no cometen ninguna falta reglamentaria se ha convertido en una fuente de ingresos mayor para muchos de estos bandidos. Por eso en algunos lugares como Pallatanga y Gualaceo, recuerdo, los alcaldes y ciudadanos les pidieron que se vayan del lugar. Entre varias de las propuestas para quitarles este poder malhadado de control, muchos colectivos claman por el regreso de las competencias a la Policía Nacional, ahora con una imagen mejorada. Señor presidente Noboa con su liderazgo, haga que esta corrupción galopante termine. (O)
