La práctica de estirar las interpretaciones hasta alcanzar intereses sesgados debe tener alguna forma de límite. Por lo general, los dictámenes de la Corte Constitucional solían ser un referente de respeto y delineado de cancha, pero en Ecuador, hasta esos documentos tienen segundas lecturas.
En el caso de la suerte de la vicepresidenta Abad, el gobierno ya ni siquiera ha guardado las formas para expresarnos su sentir, no solo sobre el distanciamiento que tiene con su otrora compañera de fórmula, sino que ha sido explícito en insistir que sería “nefasto” que reemplace al presidente Noboa cuando venga el momento de la campaña para la presidenciable de 2025. La sola idea de impedir que se cumpla el rol asignado por la Constitución a la Vicepresidencia ya es peligrosa, más todavía que se busquen formas de desviar el cumplimiento de la Ley a cuenta de forzadas interpretaciones.
No es novedad que existan diferencias políticas, ideológicas o personales entre presidente y vicepresidente. La famosa idea del “conspirador a sueldo” acuñada por Velasco Ibarra para describir a su vicepresidente es una evidencia más de las que da cuenta la historia ecuatoriana sobre las no tan buenas relaciones entre los representantes del Ejecutivo. De manera que decir que no hay lealtad o coherencia ideológica no es excusa para no hacer que se cumpla con el mandato constitucional.
No se pueden estirar las interpretaciones de los artículos por intereses particulares. En el derecho constitucional, la política de la conveniencia debería quedar desterrada, porque el peligro radica en que cualquier interpretación forzada de hoy deja un mal precedente para mañana.
Si abogados constitucionalistas anteponen sus sesgos en la interpretación sobre el rol de la Vicepresidencia o sobre si el presidente debe o no solicitar la licencia previo a la elección, habrán dejado un precedente nefasto en la interpretación de la Ley y con ello quedará allanado el camino a la pérdida de institucionalidad. Nada bueno puede venir el día después de algo así.
