Las secuelas del femicidio en el Ecuador son terribles, irreversibles en la mayoría de los casos, si no en todos.
Las sufren hijos e hijas de las víctimas, independientemente de sus edades; sus padres, en suma, todo su entorno familiar.
Muchos de ellos se quedan en la orfandad; otros a cargo de algún familiar, de los abuelos, por lo general, o son llevados a un orfanatorio.
Las consecuencias psicológicas y psiquiatras, con seguridad, serán para toda la vida, así, en el mejor de las suertes, sean tratadas con especialistas.
Como si eso no fuera suficiente para enfrentar una vida llena de sobresaltos – de ninguna manera lo es –, las económicas también son letales.
Eso da lugar al poco acceso a una educación completa, a atención en salud y protección, mucho más si quienes se hacen cargo de los menores en situación de orfandad no tienen los recursos necesarios como para asumir aquellos retos.
No se sabe si el Estado, a través de sus instituciones, hace el seguimiento a tantos y tantos niños y niñas, y adolescentes, cuyas madres fueron asesinadas por sus padres o convivientes, en muchos casos en presencia de ellos.
Bajo esas y otras consideraciones, entre ellas las de tipo legal, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una Ley cuyo objeto es garantizar el derecho a la reparación integral, efectiva y transformadora, así como el acompañamiento a hijas, hijos, madres, padres y familiares de las víctimas de femicidio.
Una lucha tenaz de organizaciones sociales, de madres cuyas hijas fueron asesinadas por sus parejas, tuvo eco en la Legislatura.
El Estado otorgará becas y ayudas económicas, asistencia preferente en atención médica general, psicológica; se hará un registro único de las víctimas de violencia, y el cambio de apellido de niños producto de una violación.
Estas son parte de los beneficios previstos en la Ley, cuyo cumplimiento deberá ser vigilado por toda la sociedad, a veces impávida ante un fenómeno repudiable.
