El Fondo Monetario Internacional ha realizado el desembolso de 1mil millones de dólares a las tan necesitadas arcas fiscales. De acuerdo con la información entregada por las autoridades económicas, este es el primer aporte del crédito acordado con este organismo, cuyos próximos depósitos dependen del cumplimiento de ciertas condiciones en materia fiscal.
Sobre estos acuerdos se sabe poco, se entiende que hay obligaciones gubernamentales en política fiscal a los cuales el gobierno se compromete para poder acceder a estos fondos. Se infiere que entre estas decisiones están: Los 3 puntos del incremento en el IVA, el retiro de los subsidios en la gasolina, y más recientemente, un nuevo paquete de reformas el régimen tributario.
Estos ajustes, de acuerdo con la información del Banco Central, dejarían un incremento de la inflación que llegará a una cifra aproximada del 4%. Este rubro, en una economía dolarizada como la de Ecuador, clama por un mayor análisis, tanto en sus efectos macroeconómicos como en su incidencia en el presupuesto familiar. Se dice fácil, que el país ahorrará 600 millones de dólares al retirar el subsidio a combustibles, suena distinto cuando este “ahorro macroeconómico” representa un gasto de 5 a 8 dólares adicionales del bolsillo ecuatoriano por cada 10 galones de combustible.
Mientras esto se discute en las oficinas del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas, en las ruedas de prensa gubernamentales se habla del nuevo conflicto entre el viceministro Torres y el presidente de la Asamblea Kronfle. Son efecto mediático las cualidades maternales de la vicepresidenta Abad analizadas por parte de la Asesora Jácome, así como un supuesto pasado correísta según las voces gubernamentales de la secretaría de comunicación.
Lo más reciente e incomprensible es leer a un insigne economista como Alberto Dahik, analizar con desprecio la crítica de una periodista que usa al Himno Nacional como recurso pedagógico para responder el escueto informe a la Nación recibido hace unas semanas. Dahik se concentra en esta agenda paralela en lugar de entregar a la opinión pública una revisión más profunda de las consecuencias para la economía del país, estas exigencias a las que nos compromete el FMI ante esta hora de gran necesidad.
Las agendas paralelas terminan actuando como bengalas distractoras sobre las conversaciones críticas que deberían ponerse sobre el tapete. Dado que se trata del futuro económico del país, al menos a la ciudadanía le asiste el derecho de conocer.
