Estaba previsto. A lo mejor cualquier Presidente de la República lo hubiera hecho considerando la realidad fiscal del país: Daniel Noboa vetó totalmente el proyecto de Ley cuya finalidad era asegurar la asignación mensual de los ingresos permanentes y no permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Ese proyecto fue aprobado en la Asamblea con 106 votos favorables y 14 abstenciones, estos últimos provenientes de la bancada del oficialismo.
El veto ni siquiera fue parcial. Por lo tanto, no podrá ser debatido sino luego de un año.
Los GAD, casi todos en manos de los opositores al Gobierno, pretendían, como señala la Constitución, la entrega automática de los recursos a fin de terminar con la discrecionalidad del Ministerio de Finanzas según la disponibilidad económica y los requerimientos de los otros sectores de gasto.
Pero, por lo general, ese Ministerio siempre queda en deuda con los diversos GAD. Las consecuencias son fáciles de deducir. Ahora mismo las obligaciones pendientes bordean los $ 800 millones.
Romper esa discrecionalidad era el espíritu del proyecto de ley vetado. Hasta se puso artículos para sancionar políticamente si el Banco Central no hacía las transferencias mensuales directamente, previo informe del Ministerio de Finanzas en cuanto a montos.
Según el veto, la propuesta legislativa pudo ocasionar desfinanciamiento en el presupuesto general del Estado, y perjudicar a otros sectores de gasto como seguridad, salud o educación, y hasta poner en riesgo la estabilidad económica.
Ese es el justificativo de quienes administran las finanzas públicas, incompatibles con los requerimientos de los GAD, llamados a satisfacer las necesidades colectivas, si bien se cuestiona la calidad del gasto, como el destinado para la diversión, el gasto corriente y otras inversiones superfluas.
Ojalá algún día cambie, pero radicalmente, la economía del país para evitar esos contratiempos.