La comisión ciudadana de selección, grupo de apoyo al Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS), resucitó al ultra correista Jorge Ballesteros para que
sea, con altas probabilidades, el nuevo Defensor Público. Entre gallos y medianoche, el
martes pasado, quien fue descalificado por innombrable al estar inmiscuido en el caso
Metástasis; por el retiro de la visa a los EEUU; y, por su conexión directa con la Revolución
Ciudadana (RC), de pronto volvió a la carrera por ocupar la Defensoría Pública.
El CPCCS no da pie con bola. En la sesión del pleno del 3 de junio había decidido sacarle de
la lista a Ballesteros “por impresentable”, pero gracias a la decisión tránsfuga de los
seleccionadores, sigue en carrera. No tienen pantalones para reclamar estas barbaridades
a los miembros de esta “comisioncita” que se han burlado de la sociedad.
En su desenfrenada lucha para controlar la Justicia, la RC busca encontrar a un Defensor
Público de su bando, porque este funcionario puede nombrar a un vocal directamente en
el Consejo de la Judicatura, con lo cual seguirán en el intento exasperado de cooptar la
justicia para dar de baja o minimizar tantos procesos jurídicos que enfrentan muchos de
sus militantes.
Desde octubre de 2022 cuando empezó disque a “funcionar la comisión” sólo ha habido
escándalos e irregularidades. No han trabajado con normalidad; es increíble la ineptitud
de sus miembros, la falta de liderazgo, el pobre aporte con sus desatinadas actuaciones,
porque además se duda de la independencia del bloque ciudadano, por su procedencia
originada en sectores sociales politizados. Con cinco votos a favor y dos abstenciones, y
una marcada división de los diez miembros integrantes, está a punto de bendecirse una
patraña más de las cuales ya estamos acostumbrados.
Cuando el mamotreto del CPCCS se creó con la Constitución de Montecristi, que
supuestamente era de avanzada al buscar “la soberanía, dignidad, plurinacionalidad,
derechos de los indígenas, afroecuatorianos, montubios, soberanía alimentaria, mandato
ciudadano, desarrollo humano y derechos de la naturaleza”, nada más falso que el pueblo
ecuatoriano decente tome sus decisiones.
Por eso el CPCCS debe desaparecer. Su presencia es un dolor de cabeza para todos,
porque proceso en el cual se inmiscuye proceso que enciende las alarmas del miedo en
contra de la limpieza de las actuaciones y las buenas costumbres democráticas. Es posible
que a esta hora en la cual los amables lectores acceden a este artículo de opinión, se haya
consumado una desgracia más en contra de la decencia. Y falta nombrar al fiscal general, a
los miembros del CNE (asunto detenido porque no llega un informe jurídico de la
Procuraduría), y a los del Consejo de la Judicatura. Al país le esperan tiempos muy difíciles
para solventar su institucionalidad. (O)
