¿No hay lugar seguro para niñas, niños y adolescentes? La respuesta parece ser no, obviamente con las excepciones de rigor.
Los casos de pederastia, cuando son denunciados, asombran, indignan; y se exige la aplicación máxima de la ley.
La pornografía infantil es otro delito repudiable, cuya distribución, luego de producirla, venderla o exhibirla, ahora rebaza límites inimaginables gracias al avance tecnológico.
Desgraciadamente a eso se dedican algunas mentes desquiciadas. E indigna más si son docentes, en cuyas manos, corazón y profesionalismo, los padres de familia encomiendan a sus hijos.
En estos días, en Cuenca, la Policía Nacional, tras un largo proceso investigativo liderado por Fiscalía, detuvo a un docente de 37 años de edad, presuntamente por almacenar comercialización de pornografía infantil, habiéndole formulado cargos en su contra. El juez le dictó prisión preventiva.
En su vivienda, tras ser allanada, se hallaron tres cámaras de video y 70.000 archivos de pornografía infantil.
En el material multimedia decomisado “se evidenciaría el abuso sexual infantil, con archivos de zoofilia, incesto e historietas eróticas infantiles”.
Según los investigadores, el ahora detenido se dedicaba a esas prácticas desde 2020, desconociéndose si cobraba por su distribución a través de internet.
No será el único caso en Cuenca, peor en el país. Y por esto la Policía investiga si el individuo es parte de una red o agrupación dedicada a cometer esos delitos, sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
Si el involucrado es un docente, nadie desestima la preocupación generada en la escuela o colegio donde dictaba clases. Ojalá los educandos no hayan sido “materia prima” para el cometimiento del delito.
La tecnología, cuyos avances ya resultan indetenibles, es un aporte para la humanidad; también para el cometimiento y el auge delictivo, en el caso comentado, en contra de la niñez.
