La gestión de los distintos niveles de gobierno, en gran parte es medible por medio de la ejecución de obra pública, dinamizadora, además, de toda la cadena económica capaz de impulsar.
Sin embargo, en los últimos años ese tipo de obra es escasa, tanto desde el Gobierno central como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en virtud de la crisis financiera, pero también de la falta de ejecutividad y de grandes inversiones.
El 70 % de los profesionales de la construcción dependen de la obra pública. Tras ellos, como bien lo dicen, están los obreros, el comercio ferretero, los transportistas, los pequeños restaurantes y hasta el tendero de la esquina.
Según se lamentan y protestan a la vez, a la escasez de obra pública se suman los engorrosos procesos de contratación, en muchos casos hasta direccionados.
Más de una vez se ha denunciado este tipo de anomalías, comenzado por la elaboración de los términos de referencia, encaminados a favorecer a alguien en particular, igual si se trata de una empresa. Muchos son los invitados, pero los mismos de siempre los escogidos.
Han citado otras “condiciones nefastas”, inhumanas inclusive en caso de llegar, con suerte, a ser contratados: retenciones del IVA hasta del 100%, cuya recuperación es todo un calvario en el SRI, y, para colmo, con bonos del Estado.
En otros casos con cero de anticipo, o con un 30 % pero la diferencia la pagan al terminar la obra o sea entregada, como si durante su ejecución no se incurriera en gastos de toda índole. En otros, el cobro de planillas debe esperar, 3 4, 5 meses o más; y ahora, el de los certificados emitidos por la UAFE, trámite en el cual prima la discrecionalidad “por falta de entendimiento” entre esa entidad, los GAD y el Sercop.
La voz de esos profesionales debe escuchársela, y, a la par, corregidos los procedimientos, ejecutar obras, caso contrario, como dicen, seguirán las quiebras y el deseo de migrar.
