En el transcurso de la semana que termina el Gobierno, a través del Ministro de energía encargado, anunció oficialmente que a finales del mes de junio se procederá a la eliminación del subsidio de las gasolinas “extra” y “eco país”, con la consiguiente elevación del precio de las mismas. Un anuncio que no sorprendió debido a que el Gobierno, desde hace varias semanas, venía hablando del tema y realizando reuniones con varios sectores del transporte en la perspectiva de entregarles ciertas “compensaciones” por dicha elevación.
Si bien desde el discurso gubernamental se ha tratado de justificar la medida (al igual que lo hicieron los Gobiernos anteriores) con la afirmación de que el subsidio alienta el contrabando del combustible y de que “beneficia a los que más tienen”; empero es innegable que se trata de una medida asumida como compromiso con el FMI y enmarcada en la política económica neoliberal-monetarista con la cual comulga el régimen.
La elevación anunciada, empero, no es sino la primera parte de un proceso de elevaciones graduales posteriores, hasta llegar al precio internacional de las gasolinas; esto es, una liberación total del precio de estas; una situación que indudablemente tendrá un costo social directo para los propietarios particulares de vehículos, que pertenecen no sólo a la clase alta, sino también a la clase media e incluso baja, pues el disponer de un vehículo (aunque sea muy modesto o de segunda mano) no es un lujo sino una necesidad. Pero, también, podría haber un costo social indirecto para otros sectores poblacionales, al provocar una elevación de precios de otros bienes debido a la especulación sin control que suele estar presente en nuestra economía.
Por otro lado, si bien las compensaciones anunciadas tendrían la intención de neutralizar protestas por parte de los transportistas; sin embargo, el nuevo “gasolinazo” no dejará de provocar malestar en otros grupos sociales y, eventualmente, protestas y movilizaciones. A esto habría que añadir el costo político que implicará para el propio Gobierno, sobre todo cuando su gestión es cada vez más interpelada debido a los problemas de inseguridad, desempleo, vialidad, deterioro de los servicios básicos, apagones, errores en política internacional, etc. (O)
