La lucha contra los grupos de delincuencia organizada, en cuya cima está el narcotráfico transnacional y sus franquicias en el Ecuador, parece no encontrar la articulación debida en las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.
Si bien corresponde al Estado garantizar esa seguridad, otras entidades, incluso la misma ciudadanía, están llamadas a coadyuvar en tan difícil tarea.
Vale reiterar: el país no se enfrenta a una delincuencia cualesquiera ni será derrotada cuanto antes. Esto lo deben tener claro los ecuatorianos, cuya incertidumbre y miedo son comprensibles.
En estas últimas semanas, el recrudecimiento de la violencia desatada por grupos terroristas vuelve a poner en vilo al Ecuador.
La lucha liderada por la Policía y el Ejército ha permitido capturar a varios líderes criminales y sus secuaces; igual el decomiso de miles de toneladas de droga; el hallazgo de viviendas abandonadas entre matorrales hacia donde llevan a los secuestrados.
Enfrentarse con enemigos escondidos quien sabe dónde, protegidos además, armados “hasta los dientes”, con “campaneros” en la calle camuflados entre los demás ciudadanos, no debe ser fácil como muchos lo creen, entre ellos algunos políticos y los “analistas de todo y de nada”.
No ha de ser para justificarse, pero en estas horas, autoridades del Gobierno y de las fuerzas del orden lamentan el accionar de la justicia al liberar de inmediato a los detenidos.
Los jueces, posiblemente tengan razón, pero es allí donde la Legislatura y la misma administración de Justicia deben actuar para evitar los resquicios legales, favorables a la delincuencia.
También ha sido criticada la Corte Constitucional por haber declarado inconstitucionales los dos últimos estados de excepción. El Régimen ha “invitado” a los jueces de la CC a “vivir la realidad”.
Ese ir y venir de declaraciones, de inculpaciones mutuas, de quejas, de desacuerdos, al menos por la forma favorece al crimen organizado.
