Los legisladores del Azuay llevan adelante, según ellos, un proceso de fiscalización en el Hospital del IESS José Carrasco Arteaga, en Cuenca.
Para nadie son desconocidos los problemas en esta casa de salud.
Para sus propósitos, pidieron la comparecencia de los directivos del IESS en Cuenca, incluyendo los del hospital, y hasta de una dirigente sindical, aparentemente convertida en el meollo de la investigación.
Dicho acto concitó la atención ciudadana. De alguna forma se mediatizó al extremo, como consecuencia de denuncias hechas previamente a través de los medios de comunicación en contra de la referida dirigente.
Pesa sobre ella el cometimiento de presuntas irregularidades, al punto de considerarla como la “dueña del IESS en Cuenca”.
Sin embargo, la facultad constitucional de fiscalizar ¿da derecho a los legisladores de sentarla en el banquillo de los acusados, con preguntas encaminadas a la autoincriminación y a un seguro enjuiciamiento penal, con solo aplicar el axioma jurídico de “a confesión de parte, relevo de pruebas?
La aludida hasta pudo no haber comparecido. ¿Los asambleístas tienen facultad para haberla convocado? O, en su defecto, exigir a los directivos del IESS den inicio a la investigación; y, de ser procedente, denunciándola ante Fiscalía y Contraloría.
Con tales antecedentes, los legisladores, en cualquier momento, pueden, a pretexto de fiscalizar, querer intervenir en cualquier institución para pedir cuentas a funcionarios, empleados y trabajadores, incluso con la fuerza de la incriminación (prohibida por la Constitución) en la mano.
A la dirigente sindical, por medio del debido proceso debe probársele las acusaciones hechas en su contra; y si es hallada culpable, se le aplique la ley.
No abogamos por ella. Tampoco queremos tapar los graves problemas en el hospital del IESS. Simplemente, la observancia de la ley, de la Constitución, ajenas a intereses políticos, justo cuando las elecciones están a las puertas.
