Las costumbres se convierten en ley, las prebendas en derechos adquiridos, en conquistas laborales hasta las más impensables canonjías. La lista es larga.
Desde hacía varias décadas, el país conoce, ha polemizado, ha transado y ha dejado pasar por alto las extralimitaciones sindicales en el sector público.
El derecho al sindicalismo está garantizado en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Ecuador forma parte. Eso no está en discusión.
En cada Gobierno salen a flote ciertas prebendas constantes en sendos contratos colectivos. Ninguno ha osado poner límites sin desconocer los derechos de los sindicalizados como la estabilidad, incluso a la huelga, salarios justos de acuerdo a la categoría y preparación, más otros consagrados en el Código del Trabajo.
Sin embargo, en cada negociación, aun a costa de los dineros públicos, cada vez más escasos mientras se multiplican las necesidades colectivas, se permiten concesiones cuya aplicación al Estado le cuesta millones de dólares al año, sin importar si la entidad pública sangrada rinde financieramente o trabaja a pérdida; si requiere, en verdad, de tantos y tantos empleados y trabajadores.
Se ha hecho pública una serie de “conquistas laborales”, de “derechos adquiridos”, cuyos beneficiarios son trabajadores de empresas como CNL, Celec, CNT, IESS y Petroecuador, entre otras.
Varios ejemplos. Les convendría ser despedidos para recibir cuantiosas indemnizaciones; sumar más y más años de trabajo para ganar más y más por antigüedad; tener más y más hijos para ganar bonos y derecho a guarderías hasta los 7 años de edad, y si no las hay pagarles $ 460 mensuales.
El Ministerio de Trabajo emitió un reglamento para revisar los contratos colectivos. Algo difícil de conseguirlo. Desde ya se anuncian acciones legales para impedir su aplicación.
Tales prebendas han permitido la creación de una especie de casta laboral a costa de los fondos públicos.
