Cada voto debe basarse en un argumento jurídico cuando los políticos juzgan a las autoridades sometidas a su control político, parece claro, parece lógico, en democracias donde la independencia de poderes es real. En Ecuador, los procesos de juzgamiento político no dependen de los argumentos, dependen de los votos. Cada voto debe ser justificado con su argumento, debe ser producto de una decisión responsable y, al mismo tiempo, el compromiso ineludible de fortalecer el rol político en la democracia respresentativa.
El juicio político es una actuación y decisión de los políticos para juzgar y sancionar a quienes están sometidos a su juicio y posible censura por el incumplido las normas legales y constitucionales sobre las atribuciones en el ejercicio de sus cargos, sin embargo, cuál es la diferencia entre el juez que debe juzgar a la luz de la racionalidad jurídica y de los métodos interpretativos establecidos en la ley; y el político que más allá de conocer las normas legales, debe acudir a la mayoría de los votos.
Con frecuencia se habla de la judicialización de la política y de la politización de la justicia, expresiones usadas sobre la actuación de los jueces y los políticos cuando interfieren en actividades propias de cada uno. La politización de la justicia afecta gravemente al país es uno de los grandes problemas que no vislumbra solución alguna, no a corto plazo. El rol cuestionable de los políticos que interfiere en la justicia conlleva a una justicia politizada. La influencia política en las decisiones judiciales nos tiene sumidos en la impunidad. (O)
