Recobrar la paz social en el cantón Camilo Ponce Enríquez puede resultar impredecible. Se ha convertido en el cantón más violento de del Azuay.
Los problemas ligados a la seguridad no son de ahora. Provienen desde hacía varios años, pero han escalado a límites inimaginables, dejando una estela de sangre, muerte, desolación, contaminación y desarraigo.
Se trata de un territorio eminentemente minero. Proliferaron las concesiones ilegales sobre las legales y, a la par, el florecimiento de actividades ilícitas, sin contar con los asentamientos humanos por doquier, precisamente atraídos por el oro.
En los últimos años los delitos han rebasado toda capacidad de control. Más bien, han penetrado en el tejido social de la población, infundiéndola miedo, pánico y hasta comprando adeptos para sus protervos fines.
Según informes de las fuerzas del orden, una todopoderosa banda delictiva, categorizada por el Gobierno como terrorista, se ha dividido. Las dos facciones se disputan los territorios mineros ilegales, para cuyo fin cuentan con armas provenientes del contrabando, explosivos y narcofinanciamiento.
En su agenda terrorista también consta el secuestro y las extorsiones. Quienes habitan en la cabecera cantonal son testigos de muertes violentas a diario. Muchos prefieren callar para no tener problemas.
En esas condiciones, las bandas criminales hacen de las suyas. Solamente en junio pasado la violencia dejó como saldo 15 muertos.
Sin embargo, ante la fuerza de los hechos y aun a costa de volver a ser llamado la atención por la Corte Constitucional, el Gobierno volvió a declarar el estado de excepción en Ponce Enríquez, como en otras provincias.
Por ello, la Policía y el Ejército acaban de liberar a 49 mineros secuestrados tras 24 horas de enfrentamientos con los delincuentes.
Este solo hecho confirma la alta y grave espiral de violencia. Enfrentarla y derrotarla será una tarea titánica. El tiempo dirá si se pudo o no.
