Los grupos de delincuencia organizada tienen entre sus miembros a menores de edad. Los reclutan a la fuerza, o a cambio de entregar “mejoras” para sus familias, cuya pobreza y extrema pobreza les inducen a aceptarlas para sobrevivir.
Una realidad social imposible de ser abstraída. Más bien es el reflejo de atávicas inequidades. En estos últimos años ha crecido de manera exponencial, primero, a raíz de la pandemia por el Covid 19; segundo, por la crisis económica y la desatención del Estado.
Informaciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas dan cuenta de esta triste realidad. Los menores de edad participan en los crímenes; son parte de los ejércitos de sicarios, de las redes de extorsionadores, y están en todos los demás delitos.
La semana anterior un policía fue abatido en un barrio marginal de Guayaquil. Entre los causantes detenidos, según la Policía, consta un menor de edad, sospechoso, además, de haber disparado el arma.
El comandante general de la Policía, como antes lo hicieron sus antecesores, pidió a la Asamblea Nacional preocupare de ajustar las leyes para endurecer las penas aplicadas a los menores de edad en casos como los anotados.
Actualmente, roben, asesinen, violen, extorsionen o asalten, no van a la cárcel. Los internan en un centro de adolescentes infractores; y como dijo el comandante policial, en uno o dos años quedan libres, y limpias sus hojas de vida.
En abril de 2024 comenzó a analizarse tan controvertido asunto, habiendo pedido a la Comisión de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes la revisión de, por lo menos, una de las sanciones para adolescentes infractores.
Si un menor comete un crimen debe terminar la condena en una prisión para adultos cuando cumpla los 18 años de edad. Fue una de las propuestas. Pero hasta allí nomás.
En el debate debe involucrarse toda la sociedad. Es imperativo de afrontar el tema con “cabeza fría”, sin apasionamientos, tampoco de condolerse. Pero ya.
