Participación ciudadana
En los últimos días hemos presenciado la frágil institucionalidad y poca seriedad que ha demostrado tener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El reciente episodio sobre el nombramiento al presidente del Consejo de la Judicatura es una evidencia más de la pérdida de legitimidad de una función del Estado que fue concebida como un contrapeso ciudadano sobre el poder político. Lamentablemente hoy se ha convertido en un espacio de disputa de poder y tráfico de influencias.
Tanto el proceso que hace unos días eligió a Dunia Martínez, como el que terminó designando a Mario Godoy, han sido realizados bajo cuestionamientos de los vocales del CPCCS y de observadores externos cuya diversidad de agendas e intereses ha cuestionado cada uno de esos momentos. Además de las críticas a los procesos de votación, también existen las sospechas de vínculos políticos en estos nombramientos, a pesar de que en ambos casos se trata de integrantes de una terna nombrada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia.
El cuestionamiento a la utilidad de esta función del Estado es evidente y cada vez gana más adeptos en la opinión pública. No porque no sea importante el rol de la participación ciudadana en el quehacer político de la sociedad, sino porque la manera que la Constitución vigente lo ha institucionalizado no ha sido eficiente.
Hoy, en lugar de debatir sobre la coherencia, idoneidad, trayectoria y capacidad de quien asumirá el Consejo de la Judicatura gracias a los votos de 4 vocales del CPCCS, la discusión pública radica en los vaivenes políticos del consejero Guarderas quien se abstuvo en la votación que terminó beneficiando a Godoy al frente de la Judicatura y apartando a Martínez de una designación que le duró horas. Ese repentino cambio de opinión en el seno de este Consejo no se explica por planes de trabajo analizados en los candidatos sujetos a ser elegidos, más bien se debe al volátil ánimo político que rodea al espacio de participación ciudadana que -vaya ironía- debía ser el más independiente de la influencia política.