Una nueva pugna se desató, en los últimos días, en el denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), hasta el punto de qué en menos de 24 horas, y en el marco de mayorías cambiantes a su interior, se designó primero a una Presidenta del Consejo de la Judicatura y luego, reconsiderando esta designación, se procedió a designar a un nuevo Presidente.
Se trata de una pugna que, sin duda, tiene que ver con intereses de los diversos grupos políticos por controlar el CPCCS y, por esta vía, incidir en la designación de diversas autoridades de control del Estado que debe llevar a cabo dicho Consejo.
Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mal llamado “quinto poder”, constitucionalmente forma parte de la denominada Función de Transparencia y Control Social, de la cual forman también parte la Contraloría General del Estado, las diversas Superintendencias y la Defensoría del Pueblo. Un Consejo que, según el artículo 207 de la Constitución, “promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadanía, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda según la Constitución y la ley”.
De estos tres roles constitucionales, durante el régimen correista, el CPCCS no cumplió los dos primeros; por lo cual no fue ni un Consejo de participación ni un Consejo de control social, y a lo único a lo que se dedicó fue a la designación de las autoridades del Estado que le correspondían, según los intereses de dicho régimen.
Durante el régimen de Moreno el denominado CPCCS transitorio, tampoco cumplió con las expectativas de despolitizar y despartidizar los órganos de control del poder público; pues funcionó como un instrumento de dicho régimen para simplemente “descorreisarlos”, por lo que la crisis institucional del Estado continuó y, aún más se extendió durante el régimen de Lasso y pervive hasta ahora en el marco del Gobierno de Noboa.
Con este historial del CPCCS se podría retomar, nuevamente, el debate sobre su permanencia o no; un debate que, en todo caso, no asomaría como un tema urgente, ni debería tampoco ser usado políticamente por el Gobierno de turno. (O)
