El manoseo a la Justicia ya rebasa los límites de la desvergüenza y, al mismo tiempo, constituye una deshonra para todos los ecuatorianos.
Controlarla ha sido, es y será, “la madre de todas las batallas” librada por casi todos los políticos. En especial por quienes tienen cuentas pendientes, buscan jueces y fiscales según sus propias agendas, dan todo para obtener sentencias a favor o en contra según sus intereses; persiguen la impunidad, la amoldan de acuerdo a si la finalidad es someter a sus rivales, y, hasta como ocurre actualmente, para ponerse al lado de narcodelicuentes.
El país casi ni se inmuta al ver cómo, en estos días, varios movimientos políticos, plenamente identificados, se disputaron palmo a palmo el control del Consejo de la Judicatura, cuya tarea primordial, por ahora, es seleccionar jueces y conjueces; igual seguir con el concurso para reemplazar 10 jueces de la Corte Nacional, cuyo presidente es el responsable de la terna enviada, acaso desde ya amañada.
Obvio, esa lucha a muerte no es gratuita. De por medio está el interés manifiesto de tener jueces “de bolsillo” o “a la carta”.
El escenario para ese potencial reparto, arranche y control no podía ser sino el Consejo de Participación Ciudadana, en el cual, a dentelladas, a punta de estrategias, de intrigas, de componendas entre supuestos enemigos, y hasta de amenazas de juicios políticos, colocaron como presidente de la Judicatura a uno de sus alfiles.
Para ese fin, y sin pudor alguno, echaron por la borda una primera elección, cuya favorecida fue una profesional del Derecho, cuencana, con seguridad no fácil de dejarse manejar o corromper; peor para actuar como ad-hoc de quienes hacen de la Justicia su feudo.
Si la política absorbe a la Justicia, la institucionalidad se hace añicos. Puede tener todo, menos credibilidad. Si esto se permite, la sociedad, de alguna forma, es cómplice. El país no reacciona, pese a ver semejante “metida de mano”.
